Por varias razones no había abordado el tema: respeto por las víctimas y sus familiares, incredulidad por que estas cosas pasaran en Uruguay y me mantenía expectante por las reacciones de las autoridades, porque ya en varias oportunidades en algunos artículos había considerado que la salud en nuestro País está enferma o quizá porque abordar un tema tan tremendo que nos había conmocionado hasta las fibras más intimas, por la envergadura que ya tiene y que puede llegar a tener en cuanto a número de víctimas, me causaba cierto escozor, o rechazo.
En primer lugar me niego a pensar que los mínimos controles que deben existir en cualquier centro asistencial, hayan fallado tan desastrosamente, que ningún médico al firmar los certificados de defunción no advirtiera que algo malo estaba pasando, que ninguna jerarquía haya advertido la enorme cantidad de fallecimientos inexplicables y durante quien sabe cuantos años dos enfermeros estuvieran jugando competencias de quien asesinaba más.
Pero los hechos ocurrieron y si bien la justicia identifica 15 casos, según estimaciones trascendidas pueden llegar a más de doscientos y que la práctica puede remontarse a siete años.
Hasta adujeron razones humanitarias para ejecutar a los pacientes.
En nuestro ordenamiento jurídico existe una ley, la Nº 18473, que establece el derecho del paciente a expresar anticipadamente su voluntad en el sentido de oponerse a la futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma, si se encontrare enferma de una patología terminal, incurable e irreversible, y esa voluntad será respetada, pero el médico tratante deberá comunicar a la Comisión de Bioética de la Institución y a la del Ministerio de Salud Pública y agregarlo a la historia clínica del paciente.
La ley admite, que en esas condiciones se suspendan esos tratamientos, pero nunca que se le induzca la muerte, más, expresamente establece que la manifestación anticipada de voluntad, no implica una oposición a recibir los cuidados paliativos correspondientes. Además establece la asistencia multidisciplinaria y la presencia de la familia e incluso amistades, para dulcificar, si se puede decir de alguna forma, el desenlace final.
En definitiva el médico tratante cuenta con el marco legal para discernir el camino a seguir, pero nunca un auxiliar de enfermería.
Hoy nadie es responsable, solo dos enfermeros y una cómplice, los demás, médicos, nurses, demás enfermeros, están libres de toda culpa.
¿Esto es posible? ¿Nadie controla la labor de los auxiliares de enfermería? ¿Un paciente en un CTI es atendido únicamente por un enfermero?, ¿no es supervisado por una nurse o un médico? El médico responsable del CTI, cuando un paciente se le muere ¿simplemente firma un certificado porque murió, no le interesa averiguar la causa de la muerte y más cuando son tantas y algunos pacientes prontos para recibir el alta médica?
Muchas preguntas sin respuestas. Y con este panorama y tantas preguntas sin responder, el equipo dirigente de la Salud Pública, está preocupado por recomponer la confianza en el "sistema".
Un sistema, que nuevamente da muestras de que hace aguas por todos lados. Un Sistema Nacional de Salud "Integrado", integrado, pero totalmente divorciado, en los hechos.
Divorcio o desconfianza que se extiende hasta el propio Consejo de Ministros. El Ministerio del Interior investiga hechos gravísimos ocurridos en el Ministerio de Salud Pública, con total desconocimiento del Ministro de esa Cartera. Si no hubiera existido esta paradoja, en los cuatro meses que se investiga, si el Ministro de Salud estuviera enterado, quizá hubiera tomada alguna medida para evitar muchas muertas, puesto que según declaración de los asesinos eliminaban en promedio, un paciente por semana, o sea que de diciembre al momento que se detiene a los asesinos, podemos calcular que se hubieran salvado unas treinta vidas, aunque no sabemos si realmente esas ejecuciones se llevaron a cabo.
Todo permanece en una nebulosa, se constataron 15 casos, pero los mismos asesinos, según sus declaraciones, pueden sumar cientos.
Ahora, se ha desatado una verdadera psicosis en la población y llueven denuncias por supuestas muertes inducidas o en condiciones extrañas, pero no solo en el Maciel y la Española, sino en todo el País, en instituciones públicas y privadas. ¿Como se puede recomponer la confianza del sistema, cuando es evidente que los corporativismos tratan de deslindar responsabilidades?, tanto el corporativismo sindical, como político.
En primer lugar, el Ministro de Salud pública, ya debería haber renunciado y también el del Interior por negarle una información fundamental para haber salvado muchas vidas. En segundo lugar, en la Institución pública, destitución de sus jerarquías y una intervención inmediata, en la privada.
Al no tomarse medidas serias y que brinden confianza a la población, será muy difícil recomponer la confianza en el sistema.
Que por otra parte es bastante dificultosa, porque estos lamentables hechos han evidenciado una falta total de control. A la vista está que luego de tener conocimiento de lo ocurrido, a la carrera salieron a establecer medidas que ya estaban decididas desde hace largo tiempo pero jamás implementadas.
Desidia, incapacidad, delincuencia, es la mezcolanza que desembocó en la acción de asesinos seriales. Pero aclaremos, desidia e incapacidad de los cuadros directrices y fundamentalmente de las autoridades políticas, responsables finales del caos en que transita nuestra salud pública, caos que posibilitó, sin lugar a dudas, la acción de individuos desquiciados que se creyeron dueños de la vida de otros seres humanos que estuvieron indefensos en sus manos.
La única esperanza que nos queda, es que la Justicia actúe hasta las últimas consecuencias y que todos los casos sean aclarados y TODOS los responsables, que no creemos que se limiten a esas tres personas, paguen sus culpas.
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