NO SOY RESPONSABLE

Categóricamente, como integrante de esta Nación, no soy responsable por los actos sediciosos ocurridos en las décadas de 1960 a 1980, en nuestra República Oriental del Uruguay. Actos sediciosos cometidos por el grupo guerrillero Tupamaro, que pretendió tomar el poder por medio de las armas, y por el grupo de pretendidos mesías integrado por militares y civiles, que escudados por la falsa aseveración de liberar al País de la guerrilla tupamara, mediante el golpe de estado, se apropió del poder.

Ni unos, ni otros contaron con mi apoyo, sino todo lo contrario, merecieron mi repudio y si bien, en lo personal, sufrí de la dictadura cívico-militar, más que de la acción tupamara, a ambos siempre los consideré tan abominables, el uno como el otro.

Nuestra Nación, sufrió casi tres décadas la insana acción de esos dos bandos y aún seguimos sufriendo la falta de arrepentimiento por sus actos. Por un lado los Tupamaros y sus socios, siguen reivindicando su lucha y buscando venganza y por el otro, los Militares y los suyos, ocultando hechos.

Hubo actos deleznables en ambos bandos. En un intento de cerrar aquellas páginas tan oscuras de nuestra historia, se concedieron por un lado una Ley de Amnistía total a los Tupamaros por sus crímenes y por el otro una Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, por los crímenes de los militares.

Hoy a casi 30 años del fin de tan desgraciados hechos, seguimos cobrándonos cuentas, a pesar de las leyes, que no serían perfectas, pero aportaron mucho para pacificar el País. 

Incluso, la derogación de la Ley de Caducidad, que fuera ratificada dos veces por la soberanía mediante su voto, contribuyó para abrir nuevamente heridas casi cicatrizadas.

Respetamos el dolor de los familiares de los caídos, tanto del lado tupamaro como del lado militar, pero ya es hora de reconciliarnos realmente, dejando de lado las ansias de venganza que no conducirán a nada.

Nos hemos convertido en un País dividido, por un lado los que siguen buscando venganza y por el otro los que quieren alcanzar una paz definitiva, verdadera y saludable.

No soy responsable por esos actos sediciosos, por lo tanto no me siento representado en el bochornoso acto que acaba de cumplir el Gobierno, que en nombre y representación de la Nación asume responsabilidades que la Nación no tuvo ni tiene. Como integrante de la Nación repudio enfáticamente esa actitud del Gobierno que pretende cargarnos culpas que no son nuestras, sino de los grupos sediciosos.

Me siento desamparado de lo establecido en el Artículo 7º de la Constitución de la República, que establece que "los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad...". Me siento desprotegido en el "goce de mi honor" al serme endilgado con el resto de la Nación de hechos que no participé, ni propicié, sino que por lo contrario repudié enfáticamente.

La gran mayoría de los ciudadanos uruguayos no apuntaron armas contra sus hermanos, no es justo que las culpas de esas dos minorías, sean endilgadas a la mayoría. 

Se pretexta que es en cumplimiento de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No lo considero de recibo. El Gobierno Uruguayo no ejerció la defensa del País como debía y como el mismo protocolo de creación del Organismo Internacional lo establece, por lo que la CIDH juzgó sin tener en cuenta la correspondiente defensa, porque no la hubo. En definitiva las tres partes, querellante, gobierno y jueces, formaron un bloque de decisión contra la Nación uruguaya. 

Incluso, decisiones de organismos internacionales, muchas veces son inaplicables por la propia organización de los Estados.

En enmienda a la Carta de la OEA, aprobada en 1985 en el marco del protocolo de Cartagena de Indias, se establece una detallada definición de la tortura así como de la responsabilidad por la comisión de este delito. Los Estados partes no sólo se comprometen a castigar severamente a los perpetradores de la tortura sino que además se obligan a adoptar medidas para prevenir y sancionar cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Subrayamos: SE COMPROMENTE A CASTIGAR SEVERAMENTE A LOS PERPETRADORES DE LA TORTURA. Y yo destaco: NO A TODA UNA NACION POR HECHOS DE UNOS POCOS.

El Gobierno se sigue equivocando. Y cuando digo "El Gobierno", estoy considerando los tres Poderes, porque los tres Poderes estuvieron presentes en el acto del oprobio, con la salvedad de que el Legislativo no lo hizo como corporación, puesto que muchos legisladores en discordancia con la decisión del Gobierno no concurrieron.

Es hora de autocrítica, es hora de pensar, es hora de que todos los integrantes de nuestra Nación sepan realmente como fueron esos tristes acontecimientos, que nos cubrieron con su manto de oscuridad y oprobio por casi tres décadas.

El Presidente al decir en su discurso, que en representación de la República Oriental del Uruguay, se hace responsable al Estado de las violaciones a los derechos humanos, nos está implicando a todos los habitantes del País. 

LOS RESPONSABLES, NO SOMOS LOS INTEGRANTES DE LA NACION, QUE FUIMOS LAS REALES VÍCTIMAS, SINO ESAS DOS MINORIAS, TUPAMAROS Y DICTADORES Y ELLOS SON QUIENES DEBEN CARGAR CON SUS CULPAS.