Por la incapacidad de un gobierno, que no ha encontrado aún la forma de reglamentar la Ley 18651, del 10 de enero de 2010, el 3 % de nuestra población que presenta capacidades diferentes, sigue estando discriminado, al no contar con los beneficios, que el Legislador en una sabia ley, ha dispuesto.
La Ley 18651, fue presentada al Parlamento Nacional al principio del gobierno encabezado por el Dr. Tabaré Vázquez y luego de un larguísimo periplo, gracias al empecinamiento del entonces Senador Ruperto Long, fué aprobada a menos de un mes de la finalización de ese quinquenio de gobierno y promulgada el 10 de febrero de 2010.
Es una Ley bastante compleja, pero con la gran virtud de conceder una serie de beneficios a esos compatriotas que presentan capacidades diferentes, que harían más llevaderas sus diferencias y en una gran cantidad de casos permitiría su integración plena a la vida en sociedad, con las posibilidades de poder desarrollar sus capacidades.
Según palabras del propio Ing. Ruperto Long, "Es la ley más importante en materia de seguridad social de los últimos tiempos. Una Ley importante y ambiciosa en materia social".
Ese convencimiento del Ing. Long, lo animó para durante cinco años luchar constantemente contra las enormes trabas burocráticas y políticas, limando asperezas y consiguiendo los acercamientos para que el proyecto fructificara. Pero lamentablemente aún luego de dos años de promulgada, sigue siendo una muy buena Ley, pero que no se puede aplicar.
Aún los organismos implicados en la Ley (Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social, BPS, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), no se han puesto de acuerdo en la aplicación de la Ley y casi 100.000 uruguayos siguen esperando para que sus necesidades sean atendidas debidamente.
Varios Legisladores preocupados por la lentitud, o desidia, del Poder Ejecutivo, han realizado gestiones durante estos dos últimos años en procura de que la reglamentación tan esperada se concrete, pero lamentablemente no han dado los frutos deseados.
Hemos escuchado diariamente la preocupación del gobierno por la defensa de los Derechos Humanos de un sector de la población, pero ni una sola vez escuchamos a ningún agente del Poder Ejecutivo decir una sola palabra justificando el desconocimiento de los DERECHOS HUMANOS de estos cien mil compatriotas.
¿Es que los derechos humanos son patrimonio único de los desaparecidos por la dictadura y los delincuentes? Aparentemente para el gobierno así lo es. No hay derechos humanos para los que sufrieron pérdidas en manos de la sedición que nos llevara a la dictadura, tampoco para las familias que fueron asaltadas, copadas, o que perdieron a algún familiar, muerto o preso, al defenderse de los malhechores y menos aún para nuestros conciudadanos con capacidades diferentes.
¿Por qué este gobierno que al asumir, y previamente en su campaña electoral, decía que velaría por los menos favorecidos, ha discriminado de forma criminal a estos cien mil ciudadanos?
¿Debemos achacar a la INCAPACIDAD para gobernar, ésta tan dolorosa falencia, o simplemente es insensibilidad por los verdaderos problemas, que su solución les aportará poco rédito electoral?
Sabemos que nuestra voz no llegará al Poder Ejecutivo, pero si muchos elevamos la misma voz, quizá algún eco pueda llegar. Por lo pronto les pido a los Legisladores, que son nuestros verdaderos representantes, se unan para también hacer llegar su voz al Presidente de la República, reclamando la urgente reglamentación de la Ley 18651. Aún más, doblo la apuesta, que se convoque al Parlamento Nacional a los Ministros de Salud Pública, de Desarrollo Social y de Trabajo y Seguridad Social, para escuchar sus explicaciones e intimarlos a que cumplan con su deber reglamentándola en forma urgente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario