Una Ley incumplida

En el mes de febrero de 2010, después de cinco años de idas y venidas el Parlamento aprobó la Ley que establece la protección integral de los derechos de las personas con discapacidad.

El Senador Ruperto Long, fue el impulsor de esta Ley y realizó su seguimiento durante los cinco años del período legislativo anterior, hasta que por unanimidad de la Asamblea General se aprobó el texto, que según el propio legislador, en reportaje del periodista Emiliano Cotelo para El Espectador.com, es "uno de los proyectos legislativos más importantes y ambiciosos en materia social”

La Ley prevé un sistema integral de protección a las personas con discapacidad, asegurando su atención médica, educación, rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y cobertura de seguridad social, además de otorgarles beneficios, prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca, dándoles la oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñarse en la comunidad en un rol equivalente al de las demás personas.

También, y con una importancia fundamental para las personas que padecen incapacidades severas, crea la figura del “asistente personal”, estableciendo el derecho a contar con su asistente personal a todos aquellos que tengan este tipo de discapacidades.

Esta creación, podemos decir que tiene un doble mérito, cubre una necesidad imperiosa para el discapacitado severo y además posibilita una formación profesional que hasta el presente era desconocida en nuestro País. Las distintas Universidades, deberán tomar las providencias correspondientes para la formación de asistentes personales para discapacitados severos, lo que abrirá un nuevo campo de actividad y la posibilidad para muchos uruguayos vocacionales de las tareas humanistas, para poder desarrollarlas correctamente en forma profesional.

Además la Ley establece la obligatoriedad de construir en espacios públicos los elementos que permitan una correcta accesibilidad, para estos compatriotas, así como también en los vehículos de transportes.

A grandes rasgos hemos detallados algunos de los logros que con esta Ley,  beneficiarían a las personas con aptitudes diferentes, pero lamentablemente hasta ahora, podemos decir que esta Ley es letra muerta.

Efectivamente a más de un año de su promulgación, el Poder Ejecutivo, aún no la ha reglamentado. El Ministerio de Salud Pública, el BPS, el Ministerio de Desarrollo Social y los demás organismos que deberán cumplir con los preceptos de esta Ley, aún no tienen el marco reglamentario para hacerlo.

Alguna Intendencia Departamental ha estado adecuando espacios públicos con rampas, para el fácil acceso en sillas de ruedas, pero los logros más importantes aún están desatendidos.

El Ingeniero Long, tuvo una lucha incansable, durante los cinco años de la legislatura pasada, para obtener este logro.

Es hora, de que alguno de los 130 legisladores, que están actuando en el presente período, enarbole nuevamente la bandera que tan dignamente fue levantada en manos de Long y exija al Poder Ejecutivo el cumplimiento cabal de tan trascendentales disposiciones.