A pesar de que una gran parte de nuestros legisladores, ocupan su tiempo en dedicarse en forma exclusiva a actuar al grito del comité, legisladores más preocupados por los problemas reales del País, siguen su labor en procura de normas que beneficien a la ciudadanía.
Efectivamente, en estos días se han presentado dos proyectos de ley de gran trascendencia y que cada uno en su ámbito, pretende solucionar problemas realmente muy graves.
El Diputado del Partido Nacional Javier García, procura en su proyecto, incluir la vacuna HPV (Virus de Papiloma Humano) en el Certificado Esquema de Vacunación de forma gratuita y obligatoria para todas las niñas menores de 13 años.
El virus HPV es el principal causante del cáncer de cuello de útero, que tiene mayor prevalencia a nivel de adolecentes y jovencitas, con un pico de frecuencia entre los 20 y 25 años.
Este cáncer es diagnosticado en nuestro País, en unas 450 mujeres anualmente, de las cuales fallecen unas 140, siendo además el único cáncer, hasta el momento, para el cual existe una vacuna que lo prevenga. La inmunización es entonces, la forma hábil de encarar su combate.
La vacuna está disponible en el mercado, pero su costo es tan elevado, que se hace inaccesible para la mayoría de nuestras niñas, el costo de sus tres dosis ronda los U$S 500,00.
La inclusión en el Certificado Esquema de Vacunación, terminaría con la discriminación actual, que permite hacer el tratamiento únicamente a niñas y mujeres de familias de posición económica elevada.
Además el proyecto prevé las pautas para que mujeres de otras edades, puedan recibir también la vacuna, en forma gratuita.
Por otra parte el Diputado Germán Cardoso del Partido Colorado, promueve mediante un proyecto de ley, penalizar la tenencia de armas de fuego a cualquier persona que tenga un proceso judicial abierto o cuente con antecedentes penales.
Esto implica, que por el solo hecho de portar o poseer un arma de fuego, cualquier persona que tenga antecedentes penales en los últimos cinco años o un procesamiento pendiente, será castigado con una pena de 3 a 24 meses de prisión.
Extraoficialmente se calcula en más de un millón de armas de fuego circulando en el País, la mayoría obtenida en forma irregular y en manos de delincuentes, sin más pena que la simple requisa en caso de serles encontradas.
Además de un claro combate a la tenencia de armas en manos de los delincuentes, se estaría aseverando la innecesaria adquisición de armas por parte de los ciudadanos honestos, como modo de defensa.
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