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sábado, 28 de abril de 2012

Esto: ¿es corrupción?


El 16 de diciembre de 2008 se firmó un contrato secreto entre Víctor Rossi (entonces Ministro de Transportes y Obras Publicas) Oscar de los Santos (Intendente de Maldonado) y Artigas Barrios (Intendente de Rocha) por una parte y el señor Eduardo Constantini (inversionista argentino) por la otra, todo ratificado por el Dr. Tabaré Vázquez (entonces Presidente de la República), en el que se acuerda la construcción de un puente sobre la laguna Garzón.

Pero además, el gobierno se compromete a declarar la obra del puente y el emprendimiento inmobiliario del señor Constantini, de interés nacional, por lo que el inversionista obtendrá las exoneraciones impositivas correspondientes.

Por otra parte el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, se compromete a gestionar la autorización ambiental de rigor.

Y los Intendentes se comprometen a dictar normas tendientes a favorecer las obras programadas.

Por su parte Constantini, se comprometió a construir el puente y cedérselo al Estado y costear su mantenimiento por tres años, también constituiría un fondo de garantía a favor del Ministerio de Transportes y Obras Públicas por la suma de un millón de dólares americanos.

Para modificar las ordenanzas departamentales se necesita un acto de gobierno complejo, es decir la aprobación de dos órganos, la Intendencia Departamental y la Junta Departamental, sin embargo ambos Intendentes comprometieron sus modificaciones en total desconocimiento del otro Órgano de Gobierno Departamental o sea que la opinión del Legislativo Departamental no se tuvo en cuenta y en definitiva, sin su anuencia, tales modificaciones son inexistentes.

Muchos se estarán preguntando el por qué de la construcción concertada en un secretismo tan peculiar.

Pues bien, el señor Contastini, es propietario de tierras allende la laguna Garzón, un lugar paradisíaco según los habitantes del lugar, y pretende construir un country privado. Incluso ha estado promocionando su venta en Buenos Aires.

La laguna Garzón es parte de un ecosistema muy especial, está enclavada en el límite de los departamentos de Maldonado y Rocha y la conservación de ese ecosistema, ha sido la preocupación de los habitantes de José Ignacio y otras poblaciones aledañas, por lo que entienden que las construcciones proyectadas son inconvenientes para la zona.

Pero lógicamente, el Gobierno no piensa tener en cuenta la opinión de los pobladores, en vista de la suscripción del contrato que nos ocupa.

Un monto de inversión bastante considerable (solamente el puente rondaría los 4 millones de dólares más uno por el fondo de garantía y el costo de tres años de mantenimiento del puente) nos hace pensar que el negocio del señor Constantini será muy fructífero.

Pero eso, es cosa del señor Constantini, lo que nos preocupa es la actitud del gobierno, primero del Dr. Vázquez, aparentemente seguido al pie de la letra por el actual del señor Mujica.

Se contraen compromisos, antes de obtener la autorización ambiental, que debería ser otorgada luego de que el proyecto fuera estudiado por los equipos técnicos de la DINAMA y no ofrecieran reparos, pero del proyecto, DINAMA no tenía siquiera la suposición de que existiera.

Por otra parte las Intendencias se comprometen a allanar los problemas municipales sin contar con la previa anuencia de las Juntas Departamentales.

Y el señor Constantini, promociona la venta de su Country privado en Buenos Aires.

Todo bajo el amparo del Presidente de la República.

Esto me trae a la memoria, un video que estuvo circulando en Internet, del Abogado Dr. Sallez, donde denunciaba coimas (así lo decía) de parte de la Minera Aratirí, incluso citando cifras y nombres de altas autoridades de gobierno implicadas.

Hoy, para acceder al contrato secreto por el puente de Laguna Garzón, el Diputado Juan Manuel Garino, tuvo que recurrir a la Justicia.

¿Qué está pasando con la cristalinidad de estos gobiernos? ¿Por qué motivo se firman contratos secretos? ¿Por qué se desconoce a los Legislativos Departamentales? ¿Por qué se pretende desconocer o forzar decisiones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA)? ¿Esto, lo de Aratirí, la fiebre minera, tienen algo que ver con el intento del Gobierno de pasar bajo su órbita directa a la DINAMA?
En definitiva ¿Qué se está cocinando entre bambalinas del Gobierno?

Son temas muy serios y muy delicados, por lo que creo firmemente que no tenemos muchos motivos para festejar y festejar.

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