Nuestro País a merecido la honrosa distinción de presidir a partir de hoy, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El ejercicio efectivo de la presidencia que estará a cargo de la Embajadora de Uruguay en Ginebra Laura Dupuy Lasserre, se concretará en setiembre próximo, cuando el Consejo realice su próxima sesión.
Es la segunda oportunidad, después de México, que un País latinoamericano ocupará la presidencia del órgano rector a nivel mundial de defensa de los derechos humanos, desde su creación el 15 de marzo de 2006.
En el numeral 2 del capítulo de decisiones del documento en que la Asamblea General de ONU, crea el organismo establece "Que el Consejo será el responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa"
Y en el numeral 3 del mismo capítulo: "Decide también que el Consejo deberá ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto."
En consecuencia, labores encomiables y de gran significación para los habitantes del planeta.
Es esperable, al ocupar tan alto cargo, que nuestro País aborde el tema en toda su globalidad, ejerciendo una real defensa de los derechos humanos, que en este momento se encuentran acéfalos para una gran porción de la población, o en caso contrario que desde ese Organismo mundial, lleguen las recomendaciones debidas, a fin de que se tomen las providencias del caso.
Es lamentable, pero en nuestro País, los derechos humanos de las víctimas de la delincuencia no son considerados, quedando familias destruidas por actos criminales sin respaldo económico, psicológico ni social por parte del Estado.
En épocas que la delincuencia a copado nuestro territorio, con total permisividad de los organismos de gobierno, las víctimas se encuentran totalmente desamparadas y desprotegidas y el resto de la población honesta sufre la incongruencia de verse en la necesidad de vivir entre rejas, mientras se ve a los malvivientes circular libre e impunemente.
Mientras que los delincuentes cuentan con el apoyo del estado, que les brinda honorariamente su defensa, las víctimas y sus familiares ni siquiera tienen la remota posibilidad de un mínimo apoyo estatal, en un desconocimiento total de sus derechos a un trato igualitario y equitativo como lo establece el numeral 2 citado más arriba.
Es hora de aventar el concepto de que los derechos humanos rigen únicamente para los Tupamaros, porque deben ser aplicados también a los niños en situación de calle, a las familias en situación de pobreza, a los comerciantes y a la población trabajadora agredidos por la delincuencia, a los sin techo hacinados en los asentamientos.
Es responsabilidad del Estado cumplir con la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa, tal como lo establece la ONU. Esperemos que a la flamante presidenta, no le toque promover desde el Consejo de Derechos Humanos una recomendación a su propio País para que cumpla con preceptos de tan altos propósitos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario