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martes, 2 de octubre de 2012

Una Ley, una esperanza...


...y luego de 32 meses, un profundo dolor.

Durante la Legislatura 2005-2010, el entonces Senador, Ing. Ruperto Long, realizó el seguimiento y un incansable trabajo en procura de una ley, que cuando finalmente el 10 de febrero de 2010 se concreta con la promulgación, abre una enorme cuota de optimismo y esperanza, para unos 250.000 compatriotas que sufren distintos tipos de incapacidades.

Pero, ¿por qué del optimismo y la esperanza, hoy nos produce un profundo dolor?

La Ley 18.651, es hoy letra muerta. El Poder Ejecutivo aún, después de 31 meses de su promulgación, no ha tenido la voluntad política para habilitar su ejecución, al no proceder a reglamentarla.

Aceptemos que es una Ley muy compleja y que para su aplicación se necesitan importantes erogaciones, pero también debemos considerar las siderales recaudaciones del Estado y los importantes aumentos del Presupuesto Nacional, donde se han dotado a la salud y a los servicios sociales, de fondos muy superiores a los niveles históricos. 

También tengamos en cuenta los costos que el País ha debido enfrentar por algunos "negocios" (léase PLUNA, ALUR, etc.), y que siempre aparecen los fondos para los salvatajes, evidenciando que por problemas económicos o financieros no sería de recibo una justificación.

La Salud Pública multiplicó su presupuesto y redujo significativamente el número de beneficiarios, al pasarlos masivamente a la Salud Privada, con lo que lógicamente debería contar con los fondos suficientes para la aplicación de esta Ley. Lo mismo el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que distrae la mayor parte de su presupuesto al asistencialismo en desmedro del apego al trabajo.

Con la aplicación efectiva de la Ley 18.651, estos 250.000 compatriotas verían mejorar sustancialmente sus condiciones de vida y además se abriría una oferta laboral interesante, con la creación de la figura de los Asistentes Personales, técnicos para asistir a quienes, que por su incapacidad necesitan permanentemente para atender su alimentación, higiene, traslado, etc.

Desde hace unos días está abierto un registro en una de las redes sociales, para formar una Red Solidaria, de personas de buena voluntad dispuestas a ayudar a quienes necesitan de asistencia permanente, en los momentos que por razones de fuerza mayor sus familiares no puedan hacerlo. Esto no debería existir si la Ley 18.651 estuviera reglamentada y aplicándose, pues contarían con el Asistente Personal correspondiente.

Es hora que el Poder Ejecutivo, se desvista de esa capa de dureza e insensibilidad, que ha mostrado en este asunto y que los Ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social y el Banco de Previsión Social se aboquen en serio a trabajar en la reglamentación de la Ley.

Publicado en "Compromiso con todos"







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