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viernes, 22 de noviembre de 2013

¿OPOSICIÓN O CO-GOBIERNO?

El régimen republicano de gobierno asegura la participación de las minorías en, por lo menos, los órganos legislativos y de contralor.

Incluso se ha dado, no por disposición constitucional, sino por acuerdos entre el partido de gobierno y los de la oposición a algunas participaciones en el Poder Ejecutivo, sea con Ministros de Estado o Directores de Entes Autónomos o Servicios Descentralizados.

Pero en estos dos últimos gobiernos, estas situaciones no se han dado, o se concretaron en una mínima expresión, con algunas pocas participaciones en directorios de los últimos organismos.

La ciudadanía dispuso con su voto que un partido, el Frente Amplio (FA), ejerciera durante los períodos anterior y presente, el Poder Ejecutivo y aún le concedió mayoría parlamentaria. Esto, palmariamente le deja al resto de los partidos, únicamente las funciones de contralor desde el Parlamento Nacional. 

Según nuestra normativa constitucional, el Parlamento Nacional y por ende los Legisladores, tienen facultad de iniciativa para proponer leyes en diversas materias, siempre que no refieran a asuntos presupuestales o que impliquen gastos.

Esta facultad de iniciativa, ¿es válida éticamente, para los legisladores de la oposición, cuando la ciudadanía los ha relegado a la minoría absoluta y por lo tanto desaprobado sus Cartas Orgánicas, Programas de Principios y  Programas de Gobierno?

¿Acaso no les correspondería ejercer más enfáticamente las funciones de contralor?

Las funciones de contralor parlamentario se encuentran actualmente bastante deprimidas, o si se quiere totalmente intrascendentes, en virtud de la mayoría regimentada del FA, que a fuerza de votos anula cualquier intención de investigación, incluso en flagrantes exacciones de sus Ministros lindantes con lo delictivo, que en definitiva los respalda incondicionalmente.

En este estado de cosas, las funciones de contralor, al no ser consideradas por el gobierno, el parlamentario opositor debería hacer conocer fehacientemente a la ciudadanía, su posición y la de su partido y el análisis de los hechos de forma que podamos conocer en profundidad las acciones de gobierno que merezcan  observaciones.

Para esto es fundamental que se llegue a la ciudadanía de forma clara y sencilla, posibilitando su cabal entendimiento, para poder discernir y valorar la gravedad de los hechos que se investiguen o se denuncien, que en definitiva serán materia prima esencial para definir su voto futuro.

El cúmulo de desaciertos de los gobiernos del FA, están a la vista para quienes están en condición de analizarlos y discernir sobre sus consecuencias, pero una gran masa de la población necesita que con muy pocas palabras se le haga ver esas consecuencias y cuales serán las incidencias REALES en su futuro y el de su familia.

El político opositor tiene obligatoriamente esa función y deberá recurrir a los medios masivos de comunicación para cumplirlo. Cada uno sabrá que medios masivos usar, pero deberá hacerlo y en forma urgente, pues es imperioso recuperar el País de este caos que lo lleva hacia el totalitarismo.

El desconocimiento a los preceptos constitucionales, el priorizar lo político sobre lo jurídico, el desconocer a las minorías, sumado al caos educativo, sanitario y de seguridad, como al aumento real de la pobreza, de los asentamientos irregulares en todo el País, de los hurgadores y el atisbo de una inflación irreversible, son abonos seguros para encender una luz de alerta.

Un gobierno con signos evidentes de totalitarismo, debe ser muy bien controlado por los hombres y mujeres que la ciudadanía puso en el Parlamento Nacional y su cumplimiento es ineludible.

Con tibios pedidos de informes, llamados a Comisión, o interpelaciones a ministros, totalmente inconducentes en virtud de las mayorías frenteamplistas, se hace imperioso que nuestros legisladores asuman su función de contralor y NO de co-gobierno.

Su función de OPOSICION es real, el co-gobierno NO, por lo tanto los ciudadanos que no comulgamos con el desgobierno que sufrimos, debemos exigir que nuestros representantes, cuando su función parlamentaria no obtiene enmiendas a los desaciertos del gobierno, nos informen fehacientemente de esos desaciertos y cuando tengan apenas visos de corrupción se denuncien a la justicia. Es lo mínimo que deben hacer.

Las propuestas legislativas, DEBEN esperar para cuando sean gobierno, de lo contrario esas propuestas sufrirán el desgaste que las mayorías regimentadas del FA son hábiles para realizar. 

Los affaire PLUNA, casinos, ALUR, Polo Tecnológico Industrial del Cerro (PTIC),  por citar algunos,  como las aberraciones jurídicas plasmadas en varias leyes, los Decretos discriminatorios y las resoluciones administrativas sin anuencia parlamentaria cuando deberían tenerla, son conocidas únicamente por un reducido núcleo de la población que tiene los medios y las condiciones para acceder a ellos, pero son totalmente desconocidos para la mayoría de la población, que en definitiva resuelve con su voto el gobierno que debemos tener.

Esa población carente de información fidedigna, es a la que debe apuntar la oposición para hacerle llegar clara y sencillamente los principales detalles de esas acciones de gobierno, recalcando los perjuicios y aclarando cual es su posición y la de su partido.

El FA tiene mayoría parlamentaria, por lo que no necesita de los votos de los otros partidos para legislar, por lo que debe recalcarse que todos los desaciertos del gobierno son de exclusiva responsabilidad de su colectividad política, incluso destacar el total desconocimiento, por parte de la fuerza política en el gobierno, de las propuestas que hasta ahora hizo la oposición.    

Esperamos ver una oposición firme, que no se distraiga en intentos legislativos condenados al fracaso. Una oposición que batalle con dureza frente a los desaguisados a que nos tiene acostumbrados el FA y que lo diga también, en los medios masivos adecuados, con toda la firmeza que el momento exige.

El gobierno reclama el aporte de soluciones a la oposición, pero esa es la función para la que fuera elegido, si no está capacitado para gobernar, no es culpa de la oposición, por lo tanto la oposición DEBE controlar, publicitar esos controles y cuando corresponda denunciarlos.



 

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