El presidente Mujica, anunció su intención de pasar a la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), extrayéndola del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).
Cuando se creó el MVOTMA, sus importantísimas tres líneas de acción quedaban bien delineadas y su propio nombre las jerarquiza. Además, hay que destacar que la DINAMA ha desarrollado su función con el mayor celo y a satisfacción, ajustándose en sus actuaciones a los parámetros legales.
Incluso en algunos proyectos que agredían de alguna forma el medio ambiente, sus informes colidaron con la opinión de algún otro organismo que propulsaba tales proyectos, originando algún tipo de fricciones. Como ejemplo claro y no de mucha data, el choque con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por la construcción de un polémico puente sobre la Laguna Garzón, entre los departamentos de Maldonado y Rocha.
Al tomar carácter público el anuncio presidencial, inmediatamente surgió la polémica y desde distintos ámbitos la oposición a tal cambio.
Desde un análisis frío de las distintas funciones de los organismos involucrados, surge cristalinamente que el intento no persigue, ni mejora institucional, ni mayor efectividad del contralor ambiental. Ni siquiera agregando los argumentos esgrimidos por presidencia de "falta de personal" y "demoras" de DINAMA para "aprobar proyectos". Argumentos que no son de recibo, por su evidente inconsistencia.
Si falta personal, pues, dótese de más personal, una solución sencilla y está muy a la vista que esta aseveración es posible, puesto que en cualquier momento se crean cargos de confianza sin ningún problema, o sea que unos cuantos funcionarios más o menos no implicaría gran drama o si sobran en la OPP, hay mecanismos legales para pasarlos a la DINAMA.
Que la DINAMA "demora" para "aprobar proyectos", es un verdadero dislate, puesto que no es su función "aprobar proyectos" sino emitir un informe sobre las posibles agresiones ambientales de tales proyectos y sugerir las líneas correctas de acción para evitarlas. En consecuencia quienes "demoran" son los responsables de los proyectos que no tienen en cuenta los parámetros legales en su diagramación.
Siendo la argumentación presidencial de "no recibo", debemos buscar el motivo del cambio por otro lado.
La OPP, creada para funciones de coordinación presupuestal, en el actual gobierno, se ha transformado en un Súper Ministerio, teniendo en su órbita un verdadero Ministerio de Economía paralelo, el control del Sistema Nacional de Inversiones y el Fondo de Desarrollo, además del control y desarrollo de los proyectos de Participación Público Privada (PPP).
Con ese poder y la DINAMA, se terminará evitando el control parlamentario en los proyectos de envergadura que puedan emprenderse.
Es oportuno recordar, que además de la polémica por el puente sobre la Laguna Garzón, también DINAMA objetó la construcción del mineroducto de Aratirí y sobre el emprendimiento minero tuvo varias observaciones que suponemos en su nueva órbita simplemente no serían tomadas en cuenta.
Si pensamos en cual será la verdadera motivación presidencial sobre su proyecto, nos abre la posibilidad de pensar en distintas posibilidades, de las cuales ninguna aporta tranquilidad.
Dejando de lado la constitucionalidad o no del asunto, es evidente que el control parlamentario desaparece y que un núcleo muy reducido reunido en el despacho presidencial decidirá sobre la inversión de fondos muy importantes, con la participación de privados, que lógicamente serán multinacionales, en los mayores proyectos de cualquier índole que se quiera establecer en el País, desde la construcción de una cárcel, una carretera o una escuela a un mega proyecto minero.
Es un tema muy delicado y es esperable que la oposición en el Parlamento Nacional, eleve su voz en defensa de la cristalinidad y buen gobierno y no se limite al twuitteo o declaraciones en la prensa, totalmente inconducentes.
Cuando se creó el MVOTMA, sus importantísimas tres líneas de acción quedaban bien delineadas y su propio nombre las jerarquiza. Además, hay que destacar que la DINAMA ha desarrollado su función con el mayor celo y a satisfacción, ajustándose en sus actuaciones a los parámetros legales.
Incluso en algunos proyectos que agredían de alguna forma el medio ambiente, sus informes colidaron con la opinión de algún otro organismo que propulsaba tales proyectos, originando algún tipo de fricciones. Como ejemplo claro y no de mucha data, el choque con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por la construcción de un polémico puente sobre la Laguna Garzón, entre los departamentos de Maldonado y Rocha.
Al tomar carácter público el anuncio presidencial, inmediatamente surgió la polémica y desde distintos ámbitos la oposición a tal cambio.
Desde un análisis frío de las distintas funciones de los organismos involucrados, surge cristalinamente que el intento no persigue, ni mejora institucional, ni mayor efectividad del contralor ambiental. Ni siquiera agregando los argumentos esgrimidos por presidencia de "falta de personal" y "demoras" de DINAMA para "aprobar proyectos". Argumentos que no son de recibo, por su evidente inconsistencia.
Si falta personal, pues, dótese de más personal, una solución sencilla y está muy a la vista que esta aseveración es posible, puesto que en cualquier momento se crean cargos de confianza sin ningún problema, o sea que unos cuantos funcionarios más o menos no implicaría gran drama o si sobran en la OPP, hay mecanismos legales para pasarlos a la DINAMA.
Que la DINAMA "demora" para "aprobar proyectos", es un verdadero dislate, puesto que no es su función "aprobar proyectos" sino emitir un informe sobre las posibles agresiones ambientales de tales proyectos y sugerir las líneas correctas de acción para evitarlas. En consecuencia quienes "demoran" son los responsables de los proyectos que no tienen en cuenta los parámetros legales en su diagramación.
Siendo la argumentación presidencial de "no recibo", debemos buscar el motivo del cambio por otro lado.
La OPP, creada para funciones de coordinación presupuestal, en el actual gobierno, se ha transformado en un Súper Ministerio, teniendo en su órbita un verdadero Ministerio de Economía paralelo, el control del Sistema Nacional de Inversiones y el Fondo de Desarrollo, además del control y desarrollo de los proyectos de Participación Público Privada (PPP).
Con ese poder y la DINAMA, se terminará evitando el control parlamentario en los proyectos de envergadura que puedan emprenderse.
Es oportuno recordar, que además de la polémica por el puente sobre la Laguna Garzón, también DINAMA objetó la construcción del mineroducto de Aratirí y sobre el emprendimiento minero tuvo varias observaciones que suponemos en su nueva órbita simplemente no serían tomadas en cuenta.
Si pensamos en cual será la verdadera motivación presidencial sobre su proyecto, nos abre la posibilidad de pensar en distintas posibilidades, de las cuales ninguna aporta tranquilidad.
Dejando de lado la constitucionalidad o no del asunto, es evidente que el control parlamentario desaparece y que un núcleo muy reducido reunido en el despacho presidencial decidirá sobre la inversión de fondos muy importantes, con la participación de privados, que lógicamente serán multinacionales, en los mayores proyectos de cualquier índole que se quiera establecer en el País, desde la construcción de una cárcel, una carretera o una escuela a un mega proyecto minero.
Es un tema muy delicado y es esperable que la oposición en el Parlamento Nacional, eleve su voz en defensa de la cristalinidad y buen gobierno y no se limite al twuitteo o declaraciones en la prensa, totalmente inconducentes.
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